LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Expropiación petrolera y sobre el Articulo 27 de la Constitución Mexicana
La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.           
Éste consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, cosas de ese tipo en general, todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila.
Orígenes de la Explotación Petrolera
En 1862 el primer pozo petrolero superficial fue perforado por el ingeniero de minas Antonio de Castillo en el estado de Tabasco. Durante su régimen imperialistaMaximiliano de Habsburgo emitió un decreto que permitía explotar el petróleo en México siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno mexicano, de esta forma otorgó 38 concesiones petroleras a particulares. En 1869, en Veracruz se inició la explotación de las chapopoteras de Furberos.
En 1886, bajo el régimen porfirista, las primeras refinerías que comenzaron a operar en Veracruz fueron El Águila, obra de los estadounidenses Samuel Faribum y George Dickson, y la de la empresa estadounidense Water Pierce Oil Company de Henry Clay Pierce y William H. Waters, empresa subsidiaria de la Standard Oil Company, que años más tarde se convirtió en el Grupo Sinclair Pierce Oil. En 1890 se estableció la Compañía Petrolera Mexicana de California en San Luis Potosí.
HISTORIA (AÑOS) DE LA EXPORTACIÓN PETROLERA
En 1901, el británico sir Weetman Dickinson Pearson comenzó a invertir en el negocio petrolero mexicano con su compañía Pearson & Son.
En 1906 organizó a la Compañía de Petróleo el Águila y construyó la primera refinería de Minatitlán, Veracruz, gracias a su amistad con políticos mexicanos consiguió permisos para explorar nuevos yacimientos en los estados de CampecheChiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

1904-1908: 3 de abril. El primer campo petrolífero de dimensión comercial se descubrió cerca de El Ébano, San Luis Potosí.                                                        Se formó la Compañía Petrolera El Águila con un capital inicial de 100,000 pesos. El 28 de mayo inició sus operaciones de refinación en una planta con capacidad de 2,000 barriles diarios.
Tras la revolución de 1910, hubo la necesidad de controlar la actividad petrolera y el presidente Francisco I. Madero empezó con la regulación de la actividad en cuanto a los dividendos de los impuestos. Durante el periodo del general Victoriano Huerta (1913-1914), el gobierno estadounidense intervino para que las compañías no pagaran impuestos ni hubiera regulación. Con Venustiano Carranza como encargado del Ejecutivo, en cambio, se trabajó para estatuir un régimen administrativo que regulara la actividad. Ya en el Plan de Guadalupe, en sus adiciones del 12 de diciembre de 1914, el constitucionalismo estableció la necesidad de una legislación petrolera nacionalista.
El 19 de marzo de 1915 se creó una Comisión Técnica del Petróleo para organizar la actividad del ramo en el país, que comenzó por establecer las relaciones del gobierno con las compañías que actuaban en el territorio.
En abril de 1916 ese organismo dio a conocer un informe que fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación. 
Cárdenas sólo expropió los medios de extracción y refinación que las empresas privadas y extranjeras tenían, ya que desde 1917 el petróleo era en la ley propiedad de la nación, aunque los primeros gobiernos revolucionarios hicieron concesiones para ser reconocidos en el extranjero y cedieron no sólo el petróleo sino también soberanía, y cuando estas empresas quisieron imponerse al gobierno del divisionario michoacano, entonces éste tomó esta histórica decisión devolviéndole el petróleo a los mexicanos para su explotación.

   En el artículo 27 de la constitución de 1917 que promulgara el presidente Venustiano Carranza ya estaba de manifiesto que todos los yacimientos incluido el petróleo pasan a dominio directo de la Nación, con esa modificación al mencionado artículo las compañías petroleras sacaron el mayor provecho antes de que se les aplicaran la ley. Cuando Lázaro Cárdenas asumió el cargo de presidente de la República una de las primeras acciones que tomo fue la creación de sindicatos para proteger los derechos laborales de los trabajadores, y fue la lucha del sindicato petrolero la que hizo que el presidente tomará la decisión de nacionalizar el petróleo, gracias a esta política de apoyo a la clase obrera para que se organizara y pudiera exigir sus derechos laborales fue que se fundó primero Petromex, para después convertirse en lo que hoy es Pemex.
   1918: 19 de febrero. El presidente Carranza decretó un impuesto sobre terrenos y contratos celebrados con anterioridad al 1 de mayo de 1917, que tuvo por objeto el arrendamiento de terrenos para la explotación del petróleo. Este instrumento jurídico fue reglamentado mediante otro decreto expedido el 8 de agosto del mismo año, el cual enfrentó a las compañías petroleras con el gobierno mexicano mediante el problema de la retroactividad
   1921: Con una producción de 530 mil barriles diarios, México se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo y en el principal exportador de petróleo en el mundo.

   Los llamados Convenios de Bucareli de 1923, entre el gobierno de Obregón y los representantes estadounidenses, giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley en los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas. Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista.

   Fue en 1928 cuando un amante de la ciudad como Joaquín Palacios Roji Lara creó un producto práctico y necesario para cualquier visitante o habitante de la capital: el recorrido de la ciudad misma en la palma de la mano; una guía basada en su experiencia por las calles y el transporte público; una obra cartográfica de bolsillo con un trazado comprensible para el usuario.
  
  1930: 31 de diciembre. La producción decreció a 32,805,495 barriles, su mínimo desde 1914 Los trabajadores petroleros se organizaron en sindicatos; la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de vida era totalmente justificada dadas las condiciones de inseguridad laboral y sobreexplotación en las que se encontraban. La solidaridad cundió en el gremio petrolero por lo que todas las compañías contaban con un sindicato, los cuales buscaron su unificación, creándose el 16 de agosto el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
   
   
   Para 1935, y a pesar de las múltiples negativas y represiones de los trabajadores, lograron formar el sindicato y se generó el contrato colectivo de trabajo, pero fue hasta 1937 en que se pudo concretar la firma del mismo. Sin embargo, las empresas extranjeras no quisieron acatar la obligatoriedad que les impusieron de pagarle 26 mil millones de pesos al sector obrero, y entonces se amparan ante la Suprema Corte, que les niega la oportunidad del amparo y es con la intervención del presidente Lázaro Cárdenas del Río que se decreta la expropiación de Petróleos Mexicanos. En ese entonces la ardua lucha de los que exigían sus derechos llevó a la unidad del país para lograr que Petróleos Mexicanos, que se denominaba ya con el paso del tiempo de esta manera, tuviera la oportunidad de ser una empresas exclusivamente nacional.
   
   Este suceso fue el resultado de la implementación de la Ley Expropiación de 1937 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicado a las compañías petroleras extranjeras que en ese momento tenían el control de la industria petrolera.
   1945. El primer grupo de gas y condensado se descubrió en la zona noreste del país.
   1948: La capacidad de refinación de Pemex alcanzó la cifra de 170 mil barriles por día 1 de septiembre. El presidente de la República anunció que se había llegado a un arreglo satisfactorio entre el gobierno y la Compañía Petrolera El Águila. Comenzó a funcionar la primera planta de absorción construida por Pemex en Poza Rica, Veracruz.
   1960: Comenzó la era petroquímica de Pemex.
   1970: 27 de febrero. Se rescindieron los contratos de Pauly Noreste. Se construyó en la ciudad de México el edificio administrativo de Pemex.
   1975: Se efectuó el primer descubrimiento en la Sonda de Campeche, al norte de Ciudad del Carmen


   En efecto, el cuantioso excedente petrolero para México, derivado de precios internacionales del petróleo de 12.80 dólares nominales al final de la administración gubernamental de Luis Echeverría en 1976, es decir, más de cuatro veces superiores a tres años antes y una producción petrolera de 803 mil barriles de crudo por día, indujo al nuevo presidente de México, José López Portillo, a invitar a los mexicanos a prepararse para "administrar la abundancia".
  
   En 1980, cuando el precio del petróleo llegó a un máximo de 37 dólares, la euforia había invadido de frivolidad decisiones gubernamentales de política económica, descartándose medidas de prevención para cambios súbitos en esa escalada de los precios del petróleo cuyo detonante había sido la guerra árabe-israelí pero el origen era la reestructuración que se llevaba a cabo en la industria petrolera internacional ante la crisis que observaban las principales economías industrializadas desde principios de los años setenta a consecuencia de su profunda recesión y por la caída en su consumo energético.


SEXENIOS 2000-2018
Vicente Fox Quesada
   Anunció, a través de un mensaje por radio y televisión, que su administración tenía
propuestas para analizar y discutir la posibilidad de que el sector eléctrico mexicano recibiera inversiones de particulares.
Fue presentada ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la constitución, con miras a permitir estas inversiones para la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en nuestro país.
   A raíz de este anuncio diversos sectores sociales, políticos y la población en general se han pronunciado a favor y en contra de esta iniciativa. Con frecuencia escuchamos comentarios que afirman que incluso la aprobación de la iniciativa presidencial sería el paso previo para después poner a la venta Petróleos Mexicanos. Otros argumentos en contra indican que con la medida podría haber una eventual alza en las tarifas del sector eléctrico y la industria dejaría de ser un instrumento de desarrollo. Algunos políticos simpatizantes de Fox están a favor de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, con la premisa de que la apertura del sector eléctrico beneficiaría a los usuarios, quienes podrían elegir al suministrador que más les convenga. Además justifican que por el momento los recursos públicos para la modernización y expansión del sector son limitados, por lo que urge la apertura para continuar con el desarrollo de la industria mexicana y no llegar al extremo de no poder dotar del suministro eléctrico a particulares y grandes consumidores de energía.                                                                                                           Aunque la iniciativa está en este momento en análisis y discusión en diversas instancias, incluido el Congreso y el Senado de la república, es conveniente que el pueblo profundice acerca de la trascendencia de la aprobación de estas reformas y por qué no, hasta de las repercusiones de que la misma sea rechazada, y no se deje llevar por los anuncios ramplones con que nos bombardean a lo largo del día en las estaciones de televisión y de radio, campaña costosísima que de hecho todos pagamos con nuestros impuestos. Desde el punto de vista económico, según los expertos, el gobierno perderá con la privatización de la energía eléctrica un elemento clave de su política de combate a la inflación si no logra bajar el costo y mejorar la eficiencia en la generación y distribución del fluido eléctrico, por lo que parece no ser una buena solución.
   En contraste, la Secretaría de Energía rechaza esta posibilidad de alza de tarifas, y por el contrario, afirma que la iniciativa asegurará el abasto de electricidad en los próximos años, con la promesa de calidad en el servicio y costos bajos. Otro aspecto a favor es que se pondría fin al actual monopolio del Estado en la generación eléctrica que actualmente solo maneja la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Luz y Fuerza del Centro en la capital del país. Esta apreciación también se contrapone a la idea de que en caso de que comiencen las inversiones privadas sería un particular el que monopolice la industria.
Son muchas las aristas que este tema puede ofrecer. Difieren significativamente las opiniones del sector privado, los sindicatos y los partidos políticos.                                           
   Esta controversial iniciativa que cambiaría los rumbos del país en materia de generación y distribución de electricidad podría ser aprobada en el Congreso de la Unión, lo cual significaría la más grande desincorporación en la historia de México e incluso de América Latina. Un aspecto crucial, independientemente de si la iniciativa presidencial es aprobada o no, es que todo mexicano tome conciencia de la importancia del ahorro de energía. Esta debería ser la primera regla que nos debemos imponer con el fin de prevenir cualquier problema de falta de suministro, aunque signifique solo una solución parcial al problema. Por ahora no nos queda más que esperar la aprobación o negativa sobre el particular, el cual día a día cobra mayor fuerza y las voces a favor y en contra llenarán espacios en medios de información, aulas y sitios oficiales.                                                                           
   Esperemos que los conceptos aquí expresados contribuyan a una mejor comprensión de lo trascendente de esta iniciativa presidencial y de lo que puede significar, pero también para que nos ayuden a formular nuestra propia postura sobre este tópico, por la importancia que reviste para el país y quienes lo habitamos

FELIPE CALDERÓN

   La reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y aprobada
por el Congreso de la Unión de México en el año 2008 causó una serie de debates ex ante, durante y ex post su promulgación. Lo que propone el trabajo de la doctora Rosío Vargas y el Ingeniero Alfonso Hickman Sandoval es un análisis que va más allá de la política mexicana y sus limitantes, para desentrañar los elementos exógenos que intervienen en los asuntos internos de México y poder tener una explicación mucho más amplia y apegada a la realidad de lo que significa una reforma energética, para el Estado mexicano. De hecho, los enfoques teóricos que usan –realismo y neorrealismo– más herramientas metodológicas como la geopolítica son de destacarse, pues no son frecuentemente usados para tratar de analizar la realidad nacional. 

   En ese sentido, la posición de México se limita a proveer petróleo de forma acelerada, lo que puede vulnerar su capacidad de productor de crudo en el futuro y mantener un dominio que constreñiría el desarrollo de sus otras capacidades productivas. Ahí es el punto del debate al que este artículo busca llegar o al menos estimular en las políticas públicas.
   Esa es una de las aportaciones y aspectos a destacar del trabajo. Así, a lo largo del análisis se plantea una investigación que tiene como uno de sus objetos de estudio a nuestro país, pero también a su vecindad, con los Estados Unidos de América (EUA), país con la producción de bienes y servicios más elevada del orbe. En ese sentido, un análisis de los elementos exógenos da explicaciones endógenas que, además, provee de elementos para estudiar la realidad política, económica y energética mexicana. De esta manera, los autores del trabajo establecen como principal objeto de estudio la estrategia de seguridad energética EUA en América del Norte, su región y zona de influencia más cercana. Describiendo cómo dicha estrategia empieza en Canadá y continúa y se desarrolla más tarde en México, aunque con similares niveles de eficiencia. Esta estrategia tiene varios ejes y en el artículo se acentúan: el jurídico, establecido a raíz de la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que instalan una armonización normativa entre EUA, México y Canadá. 

   Este tipo de andamiaje legal sirve de soporte para articular el eje económico-comercial y político-institucional de la estrategia antes mencionada, tal es el caso del Grupo de Energía de América del Norte.
    En ese sentido, la reforma energética del actual presidente mexicano tendría la misma convergencia y objetivo, el aseguramiento del acceso de la economía de EUA al petróleo mexicano. Sin embargo, es importante ver que la estrategia que se esboza presenta ciertas características, como el hecho que se enmarca en una integración, a juicio de los autores del artículo, física, asimétrica y subordinada; que presenta dos procesos, uno para Canadá y otro para México; que es un modelo depredador que beneficia sobre todo al mercado energético de EUA; y que es el componente más importante de la política exterior de Washington en la región y muy posiblemente en el mundo. Acorde con esta tónica, el estudio analiza la estructura de la integración antes mencionada y aporta datos interesantes, particularmente importante es la explicación de la estrategia de EUA, teniendo en cuenta las necesidades energéticas de este hegemón, pero, además, la dinámica de la producción petrolera de México y Canadá para poder explicar cabalmente las razones de una reforma energética como la que entró en vigencia en México. Al final, el estudio detalla cómo se lleva a cabo la convergencia de la normativa, el mercado energético y las élites e instituciones políticas mexicanas con los objetivos de abastecimiento del depredador mercado energético estadounidense. 
   
   Tal vez el aspecto más esclarecedor de este trabajo de investigación es que este tipo de alineamiento de políticas y medidas se establecen debido a que no existe en sí un concepto de seguridad energética mexicano, ya sea como productor o consumidor de energéticos, lo que ayuda a que la retórica gubernamental se centre, por encima de todo, en criterios de exportación de crudo y no en las necesidades netamente mexicanas

   La sobreexplotación de los yacimientos tradicionales, el precio elevado de la explotación de los prospectivos y las estrategias poco claras de los gobiernos mexicanos permiten y alientan este tipo de situaciones en las que no se encuentra o llevan a cabo medidas para la mejor administración del mercado energético mexicano, así como en otros rubros de la economía.
   Esto evidencia la falta de definición en políticas y conceptos claves, que el gobierno de Washington lleva trabajados y teorizados por un buen tiempo. Es por ello que la falta de inversión en planes claros a corto, mediano y largo plazo parece mermar la capacidad mexicana de proveer una posición cómoda en el sistema internacional. En esencia una falta de pensamiento estratégico menos subordinado y más independiente. El último ápice de esta convergencia de planes e intereses de élites se puede ver en la participación de la iniciativa privada, la cual tiene un papel sumamente importante, de acuerdo a los autores. 

   Sobre todo, porque la legislación mexicana podría haber sido modificada por la reforma del presidente Calderón de forma engañosa, para no levantar las sospechas de una violación a la Constitución Política Mexicana. De esta forma, las actividades petroleras upstream, que se refieren a la búsqueda, recuperación y producción de petróleo o gas, mejor conocido como sector de producción y exploración;1 estarían siendo supeditas a empresas transnacionales privadas, en su mayoría de EUA, bajo una especie de esquema de subcontratación que les proveería de importantes recursos a las empresas, pero mermaría los ingresos de la empresa petrolera mexicana, PEMEX. La trampa estaría en el argumento de que las actividades de exploración y producción quedan a cargo de PEMEX, pero quien estaría siendo contratado para este tipo de trabajo serían las petroleras privadas extranjeras.

Este fenómeno es calificado por los autores como “intenso contratismo”, pues la subcontratación estaría dejando la mayor parte de las actividades a los contratados y la empresa administradora quedaría como una gestora de convenios y contratos, sin una incidencia real en la industria petrolera. 
   No obstante, el artículo describe detalladamente cómo se circunscribe la reforma energética mexicana a los intereses de la seguridad energética de EUA, bajo esquemas jurídicos internacionales y nacionales engañosos, un mercado petrolero monopsónico, instituciones políticas supeditadas a dicha estrategia gubernamental estadounidense, ésta última contextualizada en un proyecto de integración selectiva. 

ENRIQUE PEÑA NIETO

   El Presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma energética mediante la
que se busca modernizar la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos. Los objetivos de esta reforma energética son:

(i)                  Mejorar la economía de las familias: Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos.

(ii)                Aumentar la inversión y los empleos: Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2 y medio millones más para 2025, en todo el país.
(iii)               Reforzar a Pemex y a CFE: Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públicas.
(iv)              Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera. Con la reforma energética se esperaría que la producción de crudo aumentará de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones para 2018 y a 3.5 millones o más para 2025, cifra histórica de producción en México. En el caso del gas natural, la producción pasaría de 5,700 millones de pies cúbicos a 8 mil millones para 2018, y para 2025, la producción sería de 10 mil millones de pies cúbicos. El Presidente Enrique Peña Nieto
   Para avanzar en la implementación de la Reforma Energética, envié al Congreso de la Unión las iniciativas de leyes secundarias en materia energética. Confío en que los señores legisladores habrán de analizarla, enriquecerla y, en su caso, aprobarla, para que sus beneficios comiencen a ser una realidad.


   En estas leyes, se reafirma el principio constitucional de que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, es de la Nación y de los mexicanos. Y no sólo eso, con estas leyes secundarias, se fortalecerá la soberanía nacional y se incrementará la seguridad energética del país, al reducir nuestra dependencia del exterior.

   La razón es sencilla. Con este nuevo andamiaje legal, se podrán explotar, en beneficio de los mexicanos, los abundantes yacimientos de hidrocarburos a los que, hasta ahora, aún NO tenemos acceso. Así, al incrementarse la producción, transformación y distribución de hidrocarburos, será posible, en el mediano plazo, reducir los precios del gas natural y electricidad que pagan los hogares y empresas del país.

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